Esta norma establece los métodos de "obtención de ácido Desoxirribonucleico (ADN)", en los casos judiciales que pretenden determinar la identidad de posibles familiares de desaparecidos.

"El juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación", afirma el texto de la norma, que generó polémica en algunos sectores.

La presidente Cristina Kirchner había enviado este proyecto al Congreso junto a otras tres iniciativas de derechos humanos, la despenalización de las calumnias e injurias, la autorización para que las organizaciones de derechos humanos sean querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad (ambos ya fueron aprobados en Diputados), y el Banco Nacional de Datos Genéticos (que aún no tiene fecha de tratamiento).