La decisión, informada por dos legisladores, desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el Gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del depuesto mandatario.

Según informó Reuters, Zelaya dijo que, si para el jueves no era reinstaurado, la comunidad internacional desconocería las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, que apuntan a cerrar la peor crisis política en América Central en décadas.

La Corte Suprema, cuya opinión no es vinculante para el Congreso según el pacto, dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya a fines de junio fue legal, debido a que el mandatario derrocado habría violado la Constitución al querer forzar la reelección presidencial.